El empresario del sector ganadero, Waldo Rujano Mora, presentó una denuncia formal ante el Circuito Judicial Penal de San Cristóbal, en el estado Táchira, señalando a un grupo de presuntos periodistas que, según su testimonio, intentaron extorsionarlo. De acuerdo con la querella interpuesta, estos individuos le exigieron una alta suma en dólares para evitar la publicación de informaciones que lo relacionaban con actividades ilícitas.
Waldo Rujano Mora afirma que, al negarse a realizar el pago, los señalados procedieron a divulgar en portales de noticias varios artículos con acusaciones falsas en su contra. En su denuncia, sostiene que los contenidos publicados carecen de sustento y tienen el propósito de dañar su imagen y la de su familia.
El documento consignado ante las autoridades incluye una acusación privada contra Gustavo Lainette y otros presuntos involucrados en la red de extorsión, a quienes el ganadero solicita sean procesados penalmente.
Difamación y manipulación digital
Según lo expuesto en la querella, entre agosto y diciembre de 2024, fueron difundidos al menos siete reportajes en medios digitales, los cuales contenían información “absolutamente falsa y exponencial al odio público”. En estos artículos, además de Rujano Mora, se mencionaba a su esposa Gisela Coromoto Garófalo de Rujano y a sus hijos Vicente y Andrea Paola.
El empresario también sostiene que las publicaciones fueron acompañadas por imágenes manipuladas digitalmente, según análisis de eritaje informático que se le han hecho a las mismas.
Una operación de extorsión en línea
Uno de los sitios web desde donde se habrían difundido estas publicaciones es “elpublique.me”, presuntamente administrado por Jorge Elías Castro Fernández, un ciudadano venezolano detenido en España en 2023 por el delito de estafa. En el momento de su captura, diversos medios de comunicación lo identificaron como “el extorsionador más grande de Venezuela”.
Según la denuncia, Castro Fernández operaba una estructura conformada por al menos 15 portales de noticias dedicados a difundir información falsa sobre empresarios, con el objetivo de presionarlos para que pagaran grandes sumas de dinero a cambio de retirar los artículos.
El historial de Castro Fernández no es reciente. En 2008, el Tribunal Tercero de Control de Caracas emitió una orden de aprehensión en su contra tras la divulgación de imágenes del cadáver del periodista Javier García, asesinado con arma blanca. Además, en su momento fue funcionario de la extinta Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), de donde fue destituido tras comprobarse que vendió su credencial al narcotraficante colombiano Wilber Alirio Varela, alias “Jabón”.
Actualmente, según Waldo Rujano Mora, Castro Fernández estaría vinculado a la campaña de extorsión en su contra, trabajando en conjunto con Gustavo Lainette y otros presuntos periodistas en el estado Táchira.
Vínculos políticos y financiamiento
Gustavo Lainette, uno de los principales señalados en la querella, ha sido mencionado en diversas investigaciones por sus nexos con iniciativas políticas. De acuerdo con declaraciones del ministro Diosdado Cabello, Lainette habría formado parte de “Ya Casi Venezuela”, un movimiento de extrema derecha con el objetivo de recaudar fondos para financiar “una intervención militar privada” en el país, con el propósito de derrocar al presidente Nicolás Maduro. El propio Lainette ha reconocido públicamente su participación en dicho proyecto.
La denuncia de Waldo Rujano Mora también hace referencia a cómo ciertos portales de noticias en Táchira han replicado las publicaciones en su contra, incluyendo al final de los artículos la advertencia de que “esta historia continuará”, lo que, según el documento judicial, evidenciaría la intención de prolongar la extorsión.
Pruebas y solicitudes legales
Como parte de las pruebas consignadas ante el Poder Judicial, Rujano Mora afirma poseer grabaciones de audio en las que Gustavo Lainette le exige una cantidad específica de dinero en dólares a cambio de detener la difusión de los reportajes. En dichos audios, también se menciona el nombre de otro periodista tachirense, quien presuntamente recibiría el 50% del dinero obtenido por la extorsión.
Por estos hechos, el empresario solicita que los implicados sean procesados por los delitos de extorsión, incitación al odio, divulgación indebida de información personal y asociación para delinquir.
